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    Aportes
  • #12665

    Pablo Rossi
    Participante

    Hola Deborah, efectivamente, al menos en la Pcia. de Buenos Aires, la autoridad de aplicación (Secretaría de Niñez) no tiene equipos disponibles para actuar las 24 hs ni mucho menos que se hagan presentes en el lugar donde ocurren los acontecimientos. Es verdad que se puede interpretar que la situación sea abordada por los organismos de protección locales, pero (aunque uno comparta en general ese enfoque), es una interpretación, ya que la Ley 26.061 no trata el tema expresamente ni tampoco explicita qué tipo de medidas debe o puede tomar el organismo que intervenga. Son casos que por definición exceden la referencia general a “derechos vulnerados”, aún cuando pueda darse -también- que medie vulneración de derechos. Son situaciones complejas y que en muchos sentidos abarcan la necesidad de dar respuesta a otras cuestiones además de la protección del niño; y además, es importante que la ley en todo caso establezca exactamente en qué términos será esa “protección”, ya que como sabemos, hay muchas interpretaciones diversas acerca de qué significa proteger en este tipo de situaciones.

    Por otro lado puede darse el caso de que no haya derechos vulnerados, sino algún otro tipo de situación. No es lo usual pero no se puede descartar. Por ende lo ideal es que la ley aborde expresamente el tema y lo regule.

     

    saludos Pablo

    #12668

    Noris Pignata
    Participante

    Hola Deborah y Pablo es cierto que puede darse alguna situación muy puntual donde el niño o adolescente no punible involucrado puede en apariencia no tener ningún derecho vulnerado.

    Sin embargo justamente por participar o involucrarse en una situación “grave” desde el punto de vista de la tipicidad penal, esa sola circunstancia me lleva a pensar que como estado debo preguntarme si tuvo oportunidad de incorporar los valores en derechos humanos y educación para la paz, que la CDN establece como contenidos del derecho a la educación, los niños/adolescentes no son sujetos aislados que un día surgen a la vista de todos a través de acto violento con grave daño a las personas; son el producto de la cultura, la dinámica familiar, social, comunitaria donde se ha desarrollado hasta ese día, esto hace que todos los adultos que formamos parte de esa comunidad donde vive el niño, por acción o por omisión y en forma más cercana o lejana, no somos ajenos a su conducta.

    Esto implica abordar la respuesta de la misma forma, quizá la ley penal juvenil debiera explícitamente establecer que respecto de los no punibles involucrados en “hechos graves” deberá intervenir el sistema de protección integral.

    Lo que no podemos es en esta ley que no deja de ser penal legislar sobre las medidas y acciones del sistema de protección integral porque los fundamentos de la intervención estatal son distintos.

    Si todos lo creen necesario quizá deba proponerse un proyecto de reforma de la 26061, desarrollando un marco normativo para este tipo de medidas, o que cada ley local incorpore puntualmente en el diseño de su organismo administrativo estos temas.

    Pero sinceramente entiendo que con las actuales normas podemos dar esta respuesta sin modificación legislativa, eso sí con modificación de la inversión en el sistema de protección integral y seguramente elaboración de programas específicos, destinados a trabajar puntualmente el tema convivencia social, responsabilización por las decisiones, y reparación a la victima, pero desde un punto de vista de el desarrollo de un sujeto en una comunidad organizada, y no desde el sistema penal.

    Entiendo tus dudas por como se implementa el sistema de protección integral en la jurisdicción en la que estas, pero eso no lo resuelve la ley penal, lo resuelve nuestra exigencia a las autoridades a que hagan aquello a lo cual los obliga la ley.

     

     

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